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Guía para entender el Concurso de Acreedores

Las malas noticias protagonizadas por algunas empresas (Martinsa-Fadesa en especial)  lleva a que términos técnico-jurídicos hasta ahora desconocidos, se vuelvan familiares para el gran público. El siguiente texto pretende servir de guía para profanos:

¿Qué es un concurso de acreedores?

Es la figura a la que se acogen las empresas cuando son o están a punto de ser insolventes, es decir, no pueden pagar sus deudas. El concurso les permite congelar el pago de los créditos. Un equipo externo evalúa si su estrangulamiento financiero es pasajero o no.

¿Supone la desaparición de la empresa?

No. De hecho, el concurso de acreedores está pensado para permitir su continuidad, a través de la venta ordenada de activos, por ejemplo.

¿Quién paga a los trabajadores?

La compañía, ya que el concurso, normalmente, implica que sigue operando, aunque no pague sus deudas. Si no hay fondos, la plantilla cobraría del Fondo de Garantía Salarial hasta un máximo de lo que resulte de multiplicar el doble del salario mínimo diario, sin pagas extras, por el número de días pendientes, con un máximo de 120 días.

¿Qué efecto tiene para los bancos?

La normativa del Banco de España les obliga a dotar de forma inmediata provisiones por, al menos, un 25% del crédito concedido a una empresa que declara el concurso. Ese dinero se resta directamente de los beneficios. De momento, dejarán de cobrar las cuotas de los créditos según venzan, aunque esperan cobrar buena parte en el futuro a medida que la promotora venda activos.

¿Qué ventaja tiene el concurso voluntario?

A diferencia del llamado concurso forzoso, el voluntario (declarado a instancias de los propietarios), permite a los gestores seguir llevando las riendas de la compañía, aunque sus decisiones pueden ser vetadas por el juez o por los administradores concursales.

¿Quién nombra a los administradores concursales?

Lo hace un juez y normalmente son tres personas (puede ser una en casos muy excepcionales): un abogado con, al menos, cinco años de ejercicio; un auditor, economista o titulado mercantil (en todos los casos, tienen que estar colegiados), también con cinco años de ejercicio, y un acreedor.

¿Qué función tienen estos administradores?

Se encargan de identificar el patrimonio de la empresa, conservarlo en la medida de lo posible (que las eventuales ventas de activos, una vez fijado el convenio o la liquidación de la compañía, no perjudiquen a su actividad) y comprobar que no ha habido operaciones fraudulentas en años anteriores.

¿Qué plazos se manejanen estos procesos?

Una vez aceptada por el juez la petición de concurso de acreedores, los administradores concursales tienen dos meses para evaluar la situación de la empresa, aunque el plazo puede ampliarse otro mes en función de la complejidad del proceso. Es lo que, previsiblemente, ocurrirá con Martinsa, por lo que es posible que haya que esperar hasta fin de año para saber si la empresa entra en liquidación o se fija un convenio para reflotarla. En el primer caso, el plazo es de un mes; en el segundo, de un año.

¿La quita, a cuánto asciende,de media?

Lo normal, dice Juan Ignacio Fernández Aguado, socio del bufete de abogados Albiñana & Suárez de Lezo, es que la quita (la parte de la deuda que no se paga) esté por debajo del 50% de la cantidad adeudada.

¿Quién cobra primero si le deben?

Los llamados acreedores con privilegios: los trabajadores de la empresa, las administraciones públicas y los deudores con garantías reales, es decir, prendas e hipotecas. Lógicamente, en ese grupo está la mayoría de los bancos. Los últimos en cobrar son todos los demás: los bancos que no tengan garantía de cobro, los proveedores, los suministradores… y los compradores de las casas.

¿Se devolverá el dinero a quien compró una casa a Martinsa?

El comprador tiene los mismos derechos que antes de la declaración del concurso. Si hay un incumplimiento por parte de la empresa (que no construya la casa, por ejemplo) tiene derecho a la devolución de la señal. Es decir, que si Martinsa acaba liquidada, los compradores que hayan dado señal la recuperarán si las obras aún no se han iniciado. Si la vivienda ya está terminada, se les entregará. Y si se queda a medias, cabe la posibilidad de que se queden sin ella y sin una indemnización hasta que lo dicte un tribunal. Fuentes jurídicas consideran esta posibilidad remota, porque lo normal sería que Martinsa entregase las viviendas que ya tiene comprometidas.

Fuente

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La extinción de las pensiones de alimentos

Para cumplir fielmente con los requisitos legales establecidos para la extinción de pensiones alimenticias, debemos acudir a nuestro Código Civil y tener bien en cuenta, a la hora de valorar si procede o no la interposición de una demanda de modificación de medidas, lo referido en el artículo 152, que dice lo siguiente:

Artículo 152.

Cesará también la obligación de dar alimentos:

Por muerte del alimentista.

Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia.

Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia.

Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiere cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación.

Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa.

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Elevar las tasas judiciales supone una vulneración de derechos constitucionales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

El Colegio de Abogados de Santiago ha alertado de que la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de revisar “al alza” e “imponer” tasas judiciales para sufragar los gastos de la justicia gratuita “limita” los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo “la tutela judicial efectiva”, provocando “una Justicia para ricos y otra para pobres.

“No es admisible incorporar en nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque por un lado el derecho fundamental a la Defensa y por el otro el pago de una tasa“, alega Evaristo Nogueira, decano del Colegio de Abogados de Santiago y adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

A modo de argumento, ha señalado que el derecho a la defensa es “fundamental y constitucional”, por lo que las tasas no pueden presentarse como un recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio del turno de oficio. “Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta”, ha advertido Nogueira.

En un comunicado, los abogados critican además que Ruiz-Gallardón no hubiese tenido en cuenta la opinión del sector antes de cualquier reforma, “tal y como les había prometido en una reunión a todos los decanos de España”.

Para la Abogacía, “se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la justicia gratuita, el último recurso para hacer valer los derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios económicos, ni esperanza”.

INVERSIÓN EN “PAZ SOCIAL”

“El gasto en justicia gratuita es una inversión en paz social y su regulación puede ser mejorada, nos hemos ofrecido al diálogo reiteradamente, pero no debería ser presentado como excesivo. Apenas representa un 6,5 por ciento del gasto en Justicia y debería ser financiado desde los Presupuestos, como está legalmente establecido, y no desde tasas especiales”, ha defendido.

En torno a un 30 por ciento de las sentencias de primera instancia son revocadas en apelación. Por ello, los abogados alertan de que ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus legítimos derechos, tal y como reconoce la Constitución”.

“El derecho a la segunda instancia está recogido en todos los tratados internacionales y, con la implantación de las tasas, muchos ciudadanos no podrán acudir a segunda instancia por motivos económicos”, ha zanjado Nogueira.

Consideramos, en igual sentido que lo manifestado por el Decano del Colegio de Abogados de Santiago, que la mera existencia de este instrumento económico para el pago de unas tasas judiciales supone una evidente vulneración de los derechos de los ciudadanos garantizados por nuestra Carta Magna.

En las actuales circunstancias económicas, elevar los “precios” de la tutela judicial efectiva conlleva -claro está- que numerosas personas NO PUEDAN HACER FRENTE a una resolución que entienden incorrecta y que le es propiamente adversa y perjudicial, ya sea por un contenido económico o de derechos, y todo ello, al no alcanzar un mínimo económico para afrontar el pago de cincuenta euros, precio éste que no es indiferente a personas que cobran cualquier ayuda pública junto con los gastos diarios y de alimentación, es una medida, obviamente, muy gravosa para estas personas que quedan en una patente situación de INDEFENSIÓN respecto a otras que sí pueden permitírselo.

Llegará -como ésto siga, desgraciadamente, por este camino que no parece acabarse- una situación absurda por la que, para acceder a los juzgados y tribunales españoles de primera instancia, los ciudadanos deberán incluso arriesgar sus respectivos patrimonios y sustentos vitales tan sólo para luchar por una justicia plena.

Los abogados que no pertenecemos al turno de oficio sufrimos, también por ello, un agravio comparativo respecto a los abogados del turno sobre justicia gratuita en cuanto a la aplicación de estas tasas, ya que a “aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos” no se les impondrán tales medidas económicas, y también con el arreglo de que su pago será para financiar la justicia gratuita.

No estamos de acuerdo con esta intromisión patrimonial, y esperemos que -ante todo- se trate de una medida temporal y no permanente.

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