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Las 5 mejores bases de datos jurídicas

Las bases de datos para juristas son instrumentos demandados y todos sabemos por qué: En primer lugar  nos encontramos ante una ingente cantidad de jurisprudencia que, por medio de un buen buscador, podemos seleccionar y utilizar en nuestros asuntos. También tenemos acceso a la doctrina sobre un tema concreto, esto es, distintos manuales, artículos, etc. Igualmente disponemos de formularios, modelos de demandas, contratos, etc., todos ellos actualizados, que nos son de vital importancia en el supuesto de que, por nuestra poca experiencia sobre ciertos procedimientos, no dispongamos de conocimientos prácticos sobre cómo elaborar y estructurar una demanda, querella, etc.

Bajo mi experiencia personal y profesional, las siguientes son -en mi opinión- las mejores bases de datos para trabajar tanto por su contenido como por su calidad jurídica:

1.- vLex  La más completa de todas, me gusta su claro y simplificado diseño para la búsqueda de legislación y de sentencias, y también por sus modelos de demandas actualizados para el uso cotidiano. También destaca por la cantidad de legislación tanto española como extranjera que contiene.

2.- Westlaw Aranzadi  Esta base de datos es la más utilizada por los profesionales del derecho, sobre todo para la búsqueda y cita de jurisprudencia, un poco sobria pero que cumple perfectamente su función.

3.- La Ley La utilizo principalmente por los numerosos artículos jurídico de bastante calidad que dispone en su base de datos.

4.- Noticias Jurídicas Su interés reside en su gratuidad y fácil y directo acceso desde los navegadores, sobre todo respecto a la legislación. La web es de uso sencillo para los abogados con pocos conocimientos sobre Internet.

y por último

5.- Tirant On Line Se ha convertido en una clásica entre las citadas, aunque su uso es complejo y bastante denso.

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Desestimación de un recurso de casación sobre negligencia médica

EFE

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso que los padres de una niña que nació -en diciembre de 1998- con graves deformaciones presentaron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que no atendió su demanda de ser indemnizados por el Servicio Murciano de Salud.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, indica que los demandantes atribuyeron las malformaciones de la niña a un mal funcionamiento de los servicios sanitarios, y, en concreto, al no haberse hecho un seguimiento del embarazo que hubiera permitido detectarlas.

Para los recurrentes, el embarazo era de alto riesgo, por lo que la administración sanitaria debió extremar su celo desde la primera ecografía, realizada en la semana doce de gestación en el centro de salud de Molinos Marfagones (Cartagena).

El TS, como determinó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, considera que no existe una relación de causalidad entre los daños producidos y el funcionamiento del servicio público.

Para ello se basan en dos pilares fundamentales, uno de los cuales se refiere a que la ecografía correspondiente al segundo trimestre de gestación se realizó en la semana 24, “por lo que está fuera del plazo legal para un interrupción voluntaria del embarazo”.

“Por otro lado -añaden-, se utilizó el protocolo aplicable, el del año 1995, que admitía la ecografía de nivel básico y, sólo en casos de duda diagnóstica o sospecha de una posible anomalía, se remitía a la gestante a un centro hospitalario para un examen ecográfico más especializado”.

Esta es una Sentencia que, por supuesto, admite nuestra discusión sobre la interpretación que de los hechos refiere nuestro Alto Tribunal.

En primer lugar, debemos tener en consideración que, y la realidad es ésta, resulta muy difícil tumbar las sentencias bien fundamentadas por los TSJ correspondientes, por cuanto entendemos que, evidentemente en este tipo de asuntos, es importante encuadrar la práctica de la prueba sobre un guión concreto y lógico, ya que en las siguientes instancias no se podría volver a practicar la misma prueba (sólo pude hacerse en casación cuando la valoración de la prueba resulte irracional o arbitraria -no simplemente errónea). Por eso es de vital importancia centrar los hechos hacia un objetivo que, por su propia naturaleza, pueda desvirtuar y calificar negativamente la “lex artis ad hoc” de los médicos intervinientes en los hechos. Así por tanto, resultan cruciales la aportación de buenos informes médicos y de periciales que supongan un apoyo para con las propias pretensiones indemnizatorias (un inciso: no aparece en la sentencia la cuantía reclamada) de la demanda civil (contra la compañía aseguradora) o del respectivo recurso contencioso administrativo presentado contra los demandados, en este caso: el Servicio Murciano de Salud, y su compañía aseguradora,  ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España.

En segundo término, el tribunal analiza cada motivo de casación -casi repetidamente como lo hace la sentencia del TSJ- respecto de los siguientes argumentos, escogidos por este Letrado que suscribe, de la propia sentencia, siendo los siguientes:

1º.- Está acreditado que la ecografía correspondiente al II trimestre de gestación de la Sra. Silvia se realizó en la semana 24, por lo que está fuera del plazo legal para una interrupción voluntaria del embarazo -antes de la semana 22-

2º.- El Protocolo aplicable es el publicado en el año 1995 que admitía la ecografía de nivel básico o de nivel I, y solo en casos de duda diagnostica o sospecha sobre una posible anomalía, se remitía a la gestante a un centro hospitalario para un examen ecográfico más especializado

3º.- Es cierto que la sentencia de instancia considera acreditado que la ecografía del II trimestre lo fue tardíamente, fuera del plazo legal de interrupción voluntaria del embarazo y por tanto, fuera de la posibilidad de que por los progenitores se pudiera valorar ante un diagnostico de malformación formulado por el equipo médico, pero seguidamente se analiza la probabilidad de detección de las malformaciones que en el presente caso se presentó y, atendiendo al momento en el que se desarrolló la gestación -1998-, el Protocolo de la SEGO aplicable -el publicado en 1995, las circunstancias de bajo riesgo de la gestante, y la no sospecha de anomalía o malformación alguna, así como el resultado de la ecografía en la semana 24, no puede estimarse relevante ese retraso a los efectos de una eventual pérdida de oportunidad de autodeterminación de la gestante. En cuanto al nivel básico o de especialización del ecografista la sentencia analiza cumplidamente porqué considera que la gestante recibió el nivel correspondiente a su situación, que no requería nivel II, ya que no existía sospecha alguna de anomalía o tampoco se trataba de un embarazo de alto riesgo. 

(Dice el tribunal que la recurrente sobre que sobre el argumento de que “podía considerarse la gestación de la Sra. Silvia como de alto riesgo, pero no lo basa en criterio médico alguno sustentado en el Protocolo vigente“)

4º.-  Finalmente, y por otra parte, según los Protocolos, no se ha acreditado que la recurrente fuera tributaria de un nivel superior avanzado de ecografía en centro hospitalario, y la sentencia de instancia valora que tales malformaciones no eran detectables en la semana 18-20 de gestación. No hay perdida de oportunidad sino existía sospecha o anomalía diagnosticada respecto al feto, y no la había porque la sentencia llega a la convicción fáctica que no eran detectables en atención a las practicas que se realizaban en aquel momento, la situación de la gestante y la finalidad limitada de las ecografías. La sentencia recoge literalmente los pasajes relevantes de cada una de las periciales practicadas en las actuaciones que le permiten llevar a una conclusión jurídica respecto al caso y respecto a los medios técnicos médicos que podía exigir la gestante y que integran la “lex artis ad hoc”. 

Respecto a los motivos expresados el lector puede hacerse una precisa idea del fallo de la sentencia de casación, y especialmente, por el hecho de que la madre no necesitase, en aquel tiempo, de una prueba mayor para detectar anomalías en el feto, tanto porque la misma o su embarazo no se situaban en el umbral de riesgo que se exige por la lex artis vigente, como también porque esas anomalías no eran detectables durante esas semanas, es más, tampoco era necesario -indica la sentencia- la asistencia de un un personal aún más preparado o de la utilización de una tecnología más avanzada puesto que no existían sospechas que indicaran la necesidad de aplicar dichos niveles de diagnosis.

Le deseo esperanza y suerte a la familia.

Más información: Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 7 de Marzo de 2012

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