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Responsabilidad médica en el campo civil. Especial atención a las operaciones de cirugía estética.

Interesante artículo de D. Ramón Villota Coullaut:

I.-La responsabilidad por culpa contractual.

Del mero incumplimiento de las obligaciones contractuales, como el arrendamiento de servicios propio de la relación médica entre el centro médico y su paciente, nace de forma necesaria el deber de indemnizar daños y perjuicios: Así, es lo cierto que entra en juego el mandato indemnizatorio establecido en los arts. 1101 y siguientes del Código Civil en aquellos concretos supuestos en que determinada obligación, derivada de un contrato o de cualquier otra relación interpartes de carácter negocial, se incumpla o se cumpla de modo deficiente, interviniendo dolo, negligencia o morosidad en la actuación del obligado cuando se contravenga, de cualquier modo, el régimen obligacional existente o que derive de la propia naturaleza de la obligación, produciéndose, como consecuencia de ello, un resultado lesivo, ilícito y evitable, que perjudica el interés o beneficio legítimo previsto por el paciente.

A tenor del art. 1104 del Código Civil es culposa una conducta o actuación cuando el obligado a dar o a hacer algo, lo da o lo hace con descuido o desatención de la diligencia adecuada, que es la exigible a la naturaleza específica de la obligación contraída y a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar: “no acomoda su conducta o actuación a lo racional y ordinaria cautela que debe acompañar a todos los actos que ejecuta en cumplimiento de la obligación, de las que pueden derivarse daños posibles o previsibles”, dice el TS. en sentencia de 18 de septiembre de 1984. Debe añadirse que para calificar de culposa una conducta no sólo ha de atenderse a la diligencia exigible según las circunstancias personales, temporales y de lugar, sino que, además, como exige la jurisprudencia, se ha de tener en consideración el concreto sector del tráfico mercantil o de la vida social en que la conducta negligente se proyecta, para así determinar si el agente obró con el cuidado, reflexión, atención y perseverancia exigibles y necesarias para evitar perjuicios en bienes ajenos jurídicamente protegidos, del modo que al examinar un supuesto de culpa contractual no sólo ha de contemplarse el aspecto individual de la conducta o acción u omisión de determinada persona o entidad, sino también su significación o sentido social, determinado por la función de esta conducta en relación con la actividad que el sujeto desarrolla en la sociedad.

Consiste, en consecuencia, la culpa o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato “en la omisión voluntaria pero realizada sin malicia de la diligencia exigible y adecuada a la actuación y a sus circunstancias de todo orden, lo que impide el completo y normal cumplimiento de la obligación contraída” – STS. 26 de marzo de 1982.

A su vez, el centro médico, para centrarnos ya en las operaciones médicas, se ve obligado a informar al paciente del riesgo que conlleva la operación médica que se le va a realizar al paciente, una obligación que, como se manifiesta en la STS. 26 de septiembre de 2000, ha de probar el propio centro médico.

La responsabilidad por daños y perjuicios o el consiguiente deber de indemnizarlos que cabe exigir de quien incumple o cumple de modo culposo sus obligaciones contractuales, requiere, por tanto, de:

a) La efectiva y comprobada producción del daño.

b) La imputabilidad del daño al sujeto o agente por conducirse o actuar con descuido u omisión de la necesaria y exigible diligencia específica, para, de este modo, contener y reparar los cada vez más numerosos sucesos lesivos que surgen de la compleja vida actual y del constante uso de la moderna tecnología, generadora de riesgos cuyo alcance, deseable, debe sujetarse a la necesidad de que no cause daños que, pudiendo, deban ser evitados.

II.- La responsabilidad por culpa extracontractual

La responsabilidad extracontractual, subsidiaria de la contractual, proviene de la inexistencia de relación contractual previa, en este caso entre el centro médico y el paciente, o a que dentro de esta relación contractual no puede englobarse la operación realizada o sus efectos. Esta acción puede ejercitarse de modo alternativo y/o subsidiario a la contractual, puesto que su ejercicio simultáneo con la contractual no resulta compatible si con ello se persigue una doble indemnización, pero cabe exigirla, junto a la contractual, “por concurrencia de ambas clases de responsabilidades, pues la existencia de la relación preexistente y su correlativo régimen jurídico no es bastante para “eliminar la responsabilidad aquiliana o extracontractual”, recoge la importante STS. de 19 de junio de 1984.

III.- La unidad de la culpa civil

Por ello, y en base a la doctrina de la unidad de la culpa civil – STS. 5 de julio de 1983 – y de que ambas responsabilidades coinciden en el mismo “principio general de que quien causa un daño lo debe indemnizar”, de que “la tajante distinción originaria entre ambas culpas se atenúa en su aproximación a la común finalidad reparadora, mediante la aplicación indistinta de preceptos que pueden reputarse, con matizaciones, preceptos comunes ( los arts. 1101 a1107 del Código Civil), y de que no es bastante que haya un contrato entre las partes para que la responsabilidad contractual opere necesariamente, con exclusión de la aquiliana, sino que se requiere para ello que la realización del hecho dañoso acontezca dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como preciso desarrollo del contenido negocial, debiendo entenderse éste en sentido restrictivo – STS. de 10 de mayo de 1994-, siendo contractual la responsabilidad tan sólo cuando el hecho se presenta únicamente como infracción de una de las obligaciones pactadas. Si, en cambio, se trata de una negligencia extraña a lo que constituye propiamente materia del contrato, desplegará la responsabilidad aquiliana todos sus efectos”- STS. 19 de junio de 1994. Se debe añadir, en esta misma línea jurisprudencial, que mientras la responsabilidad contractual nace como consecuencia lógico-jurídica del incumplimiento o infracción de los términos de un negocio, la extracontractual tiene su origen en el ilícito civil productor del daño, al margen y además de todo incumplimiento o infracción y que detrás de los deberes contractuales preexistentes cuya infracción lleva aparejada responsabilidad, subsiste, como fondo, la extracontractual o aquiliana, completando a la primera e integrando los elementos conducentes a un pleno y satisfactorio resarcimiento.

Establecido lo anterior, deben indicarse los grandes principios sobre los que asienta hoy la responsabilidad aquiliana o extracontractual:

– Acentuación del rigor con que debe ser exigida la diligencia, no bastando el mero cumplimiento de las prevenciones legales, reglamentadas o técnicas si se revelan insuficientes para evitar el riesgo o el daño – STSS. de 25 de marzo de 1954 y 3 de septiembre de 1997, entre otras.

– Se responde de todo daño, incluso del no culpable, que se cause con el actuar, salvo que el daño sea debido a culpa exclusiva y manifiesta de la propia víctima – STS. de 17 de julio de 1986, entre otras.

Con ello, si bien teóricamente no se modifican los criterios del Código Civil sobre la carga de la prueba, en la práctica la solución final muchas veces se acerca más a la postura de obligar al centro médico a demostrar que sus actuación ha sido correcta que a la de obligar al paciente a demostrar la existencia de una conducta negligente. Evidentemente, la solución contraria, haría que en la mayoría de los supuestos de responsabilidades médicas fuera imposible la victoria procesal de quien reclama por la existencia de una presumible actuación médica negligente, que no tendría posibilidad alguna de demostrar.

Igualmente, y ya por último, la jurisprudencia no tiene unos criterios fiables para conocer la indemnización que, en su caso, pueda corresponder al paciente, por lo que el criterio del juzgador en este caso es muy importante. Si bien algunos han querido ver un criterio indemnizador en las tablas de valoración de daños corporales en materia de circulación, en virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de junio de 2000 no tienen más valor que el meramente orientativo, incluso para los daños ocasionados por daños provenientes de la circulación.

IV.- Operaciones de cirugía estética

Remitiéndonos ya a las operaciones de cirugía estética, en particular, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo – STS. de 19 de febrero de 1998 o de 28 de junio de 1999 -, indica que en este caso el contrato de arrendamiento de servicios concertado entre el centro médico o el propio médico y el paciente da lugar a que la responsabilidad no sea de medios, como en el resto de los supuestos de responsabilidad médica, si no de resultado, que engloba el necesario éxito de la operación realizada.

Por tanto, en este caso nos encontramos ante una especialidad que modifica los criterios generales del arrendamiento de servicios, ya que sin perjuicio de que se siga entendiendo esta relación contractual de arrendamiento de servicios y no de arrendamiento de obra, se requiere de una obtención del resultado perseguido por el paciente, un resultado que es asumido por el centro médico y por el médico que realiza la operación de cirugía estética proyectada.

Esta novedosa situación en las operaciones de cirugía estética es algo que en realidad sale incluso del campo del derecho, porque se ha pasado en la práctica de no poderse demostrar la existencia de una actitud médica negligente a que determinado tipo de operaciones médicas, las de cirugía estética, tengan que tener siempre un resultado exitoso, cuando los propios médicos reconocen que esta seguridad no es tal cuando una persona se introduce en un quirófano.

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Guía para entender el Concurso de Acreedores

Las malas noticias protagonizadas por algunas empresas (Martinsa-Fadesa en especial)  lleva a que términos técnico-jurídicos hasta ahora desconocidos, se vuelvan familiares para el gran público. El siguiente texto pretende servir de guía para profanos:

¿Qué es un concurso de acreedores?

Es la figura a la que se acogen las empresas cuando son o están a punto de ser insolventes, es decir, no pueden pagar sus deudas. El concurso les permite congelar el pago de los créditos. Un equipo externo evalúa si su estrangulamiento financiero es pasajero o no.

¿Supone la desaparición de la empresa?

No. De hecho, el concurso de acreedores está pensado para permitir su continuidad, a través de la venta ordenada de activos, por ejemplo.

¿Quién paga a los trabajadores?

La compañía, ya que el concurso, normalmente, implica que sigue operando, aunque no pague sus deudas. Si no hay fondos, la plantilla cobraría del Fondo de Garantía Salarial hasta un máximo de lo que resulte de multiplicar el doble del salario mínimo diario, sin pagas extras, por el número de días pendientes, con un máximo de 120 días.

¿Qué efecto tiene para los bancos?

La normativa del Banco de España les obliga a dotar de forma inmediata provisiones por, al menos, un 25% del crédito concedido a una empresa que declara el concurso. Ese dinero se resta directamente de los beneficios. De momento, dejarán de cobrar las cuotas de los créditos según venzan, aunque esperan cobrar buena parte en el futuro a medida que la promotora venda activos.

¿Qué ventaja tiene el concurso voluntario?

A diferencia del llamado concurso forzoso, el voluntario (declarado a instancias de los propietarios), permite a los gestores seguir llevando las riendas de la compañía, aunque sus decisiones pueden ser vetadas por el juez o por los administradores concursales.

¿Quién nombra a los administradores concursales?

Lo hace un juez y normalmente son tres personas (puede ser una en casos muy excepcionales): un abogado con, al menos, cinco años de ejercicio; un auditor, economista o titulado mercantil (en todos los casos, tienen que estar colegiados), también con cinco años de ejercicio, y un acreedor.

¿Qué función tienen estos administradores?

Se encargan de identificar el patrimonio de la empresa, conservarlo en la medida de lo posible (que las eventuales ventas de activos, una vez fijado el convenio o la liquidación de la compañía, no perjudiquen a su actividad) y comprobar que no ha habido operaciones fraudulentas en años anteriores.

¿Qué plazos se manejanen estos procesos?

Una vez aceptada por el juez la petición de concurso de acreedores, los administradores concursales tienen dos meses para evaluar la situación de la empresa, aunque el plazo puede ampliarse otro mes en función de la complejidad del proceso. Es lo que, previsiblemente, ocurrirá con Martinsa, por lo que es posible que haya que esperar hasta fin de año para saber si la empresa entra en liquidación o se fija un convenio para reflotarla. En el primer caso, el plazo es de un mes; en el segundo, de un año.

¿La quita, a cuánto asciende,de media?

Lo normal, dice Juan Ignacio Fernández Aguado, socio del bufete de abogados Albiñana & Suárez de Lezo, es que la quita (la parte de la deuda que no se paga) esté por debajo del 50% de la cantidad adeudada.

¿Quién cobra primero si le deben?

Los llamados acreedores con privilegios: los trabajadores de la empresa, las administraciones públicas y los deudores con garantías reales, es decir, prendas e hipotecas. Lógicamente, en ese grupo está la mayoría de los bancos. Los últimos en cobrar son todos los demás: los bancos que no tengan garantía de cobro, los proveedores, los suministradores… y los compradores de las casas.

¿Se devolverá el dinero a quien compró una casa a Martinsa?

El comprador tiene los mismos derechos que antes de la declaración del concurso. Si hay un incumplimiento por parte de la empresa (que no construya la casa, por ejemplo) tiene derecho a la devolución de la señal. Es decir, que si Martinsa acaba liquidada, los compradores que hayan dado señal la recuperarán si las obras aún no se han iniciado. Si la vivienda ya está terminada, se les entregará. Y si se queda a medias, cabe la posibilidad de que se queden sin ella y sin una indemnización hasta que lo dicte un tribunal. Fuentes jurídicas consideran esta posibilidad remota, porque lo normal sería que Martinsa entregase las viviendas que ya tiene comprometidas.

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¿Qué son los SWAPS?

Un swap es un concepto financiero que hace referencia a una especie de seguro frente a subidas en los tipos de interés. Se trata de un contrato complejo, básicamente utilizado por empresas al realiza ciertas inversiones o incluso compras a crédito para cubrirse las espaldas si los tipos de interés suben más de un nivel previsto.

Puede definirse como un producto derivado, que sirve para hacer cobertura frente a posibles ascensos en tipos de interés. El swap es un producto muy utilizado en el mundo de las inversiones para cubrir carteras, aunque se trata de un instrumento de riesgo, usado sobre todo por inversores cualificados e institucionales.

Los swaps son productos financieros de alto riesgo que normalmente intercambian un tipo fijo por uno variable. No están ligados a operaciones concretas y sólo tendrán interés para quien esté endeudado por un importe nominal similar al nominal del contrato de swap a punto de suscribir. Lo habitual es que quien esté endeudado a tipo variable contrate este producto para protegerse de posibles subidas de los tipos de interés por encima de un determinado nivel a cambio de no beneficiarse de las bajadas, es decir, deja el tipo congelado en un determinado nivel. Se obliga a la entidad financiera a pagar el diferencial si el tipo sube del nivel máximo fijado y al cliente a abonar la diferencia en caso de que el tipo baje.

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Elevar las tasas judiciales supone una vulneración de derechos constitucionales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

El Colegio de Abogados de Santiago ha alertado de que la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de revisar “al alza” e “imponer” tasas judiciales para sufragar los gastos de la justicia gratuita “limita” los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo “la tutela judicial efectiva”, provocando “una Justicia para ricos y otra para pobres.

“No es admisible incorporar en nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque por un lado el derecho fundamental a la Defensa y por el otro el pago de una tasa“, alega Evaristo Nogueira, decano del Colegio de Abogados de Santiago y adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

A modo de argumento, ha señalado que el derecho a la defensa es “fundamental y constitucional”, por lo que las tasas no pueden presentarse como un recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio del turno de oficio. “Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta”, ha advertido Nogueira.

En un comunicado, los abogados critican además que Ruiz-Gallardón no hubiese tenido en cuenta la opinión del sector antes de cualquier reforma, “tal y como les había prometido en una reunión a todos los decanos de España”.

Para la Abogacía, “se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la justicia gratuita, el último recurso para hacer valer los derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios económicos, ni esperanza”.

INVERSIÓN EN “PAZ SOCIAL”

“El gasto en justicia gratuita es una inversión en paz social y su regulación puede ser mejorada, nos hemos ofrecido al diálogo reiteradamente, pero no debería ser presentado como excesivo. Apenas representa un 6,5 por ciento del gasto en Justicia y debería ser financiado desde los Presupuestos, como está legalmente establecido, y no desde tasas especiales”, ha defendido.

En torno a un 30 por ciento de las sentencias de primera instancia son revocadas en apelación. Por ello, los abogados alertan de que ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus legítimos derechos, tal y como reconoce la Constitución”.

“El derecho a la segunda instancia está recogido en todos los tratados internacionales y, con la implantación de las tasas, muchos ciudadanos no podrán acudir a segunda instancia por motivos económicos”, ha zanjado Nogueira.

Consideramos, en igual sentido que lo manifestado por el Decano del Colegio de Abogados de Santiago, que la mera existencia de este instrumento económico para el pago de unas tasas judiciales supone una evidente vulneración de los derechos de los ciudadanos garantizados por nuestra Carta Magna.

En las actuales circunstancias económicas, elevar los “precios” de la tutela judicial efectiva conlleva -claro está- que numerosas personas NO PUEDAN HACER FRENTE a una resolución que entienden incorrecta y que le es propiamente adversa y perjudicial, ya sea por un contenido económico o de derechos, y todo ello, al no alcanzar un mínimo económico para afrontar el pago de cincuenta euros, precio éste que no es indiferente a personas que cobran cualquier ayuda pública junto con los gastos diarios y de alimentación, es una medida, obviamente, muy gravosa para estas personas que quedan en una patente situación de INDEFENSIÓN respecto a otras que sí pueden permitírselo.

Llegará -como ésto siga, desgraciadamente, por este camino que no parece acabarse- una situación absurda por la que, para acceder a los juzgados y tribunales españoles de primera instancia, los ciudadanos deberán incluso arriesgar sus respectivos patrimonios y sustentos vitales tan sólo para luchar por una justicia plena.

Los abogados que no pertenecemos al turno de oficio sufrimos, también por ello, un agravio comparativo respecto a los abogados del turno sobre justicia gratuita en cuanto a la aplicación de estas tasas, ya que a “aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos” no se les impondrán tales medidas económicas, y también con el arreglo de que su pago será para financiar la justicia gratuita.

No estamos de acuerdo con esta intromisión patrimonial, y esperemos que -ante todo- se trate de una medida temporal y no permanente.

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