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Elevar las tasas judiciales supone una vulneración de derechos constitucionales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

El Colegio de Abogados de Santiago ha alertado de que la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de revisar “al alza” e “imponer” tasas judiciales para sufragar los gastos de la justicia gratuita “limita” los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo “la tutela judicial efectiva”, provocando “una Justicia para ricos y otra para pobres.

“No es admisible incorporar en nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque por un lado el derecho fundamental a la Defensa y por el otro el pago de una tasa“, alega Evaristo Nogueira, decano del Colegio de Abogados de Santiago y adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

A modo de argumento, ha señalado que el derecho a la defensa es “fundamental y constitucional”, por lo que las tasas no pueden presentarse como un recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio del turno de oficio. “Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta”, ha advertido Nogueira.

En un comunicado, los abogados critican además que Ruiz-Gallardón no hubiese tenido en cuenta la opinión del sector antes de cualquier reforma, “tal y como les había prometido en una reunión a todos los decanos de España”.

Para la Abogacía, “se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la justicia gratuita, el último recurso para hacer valer los derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios económicos, ni esperanza”.

INVERSIÓN EN “PAZ SOCIAL”

“El gasto en justicia gratuita es una inversión en paz social y su regulación puede ser mejorada, nos hemos ofrecido al diálogo reiteradamente, pero no debería ser presentado como excesivo. Apenas representa un 6,5 por ciento del gasto en Justicia y debería ser financiado desde los Presupuestos, como está legalmente establecido, y no desde tasas especiales”, ha defendido.

En torno a un 30 por ciento de las sentencias de primera instancia son revocadas en apelación. Por ello, los abogados alertan de que ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus legítimos derechos, tal y como reconoce la Constitución”.

“El derecho a la segunda instancia está recogido en todos los tratados internacionales y, con la implantación de las tasas, muchos ciudadanos no podrán acudir a segunda instancia por motivos económicos”, ha zanjado Nogueira.

Consideramos, en igual sentido que lo manifestado por el Decano del Colegio de Abogados de Santiago, que la mera existencia de este instrumento económico para el pago de unas tasas judiciales supone una evidente vulneración de los derechos de los ciudadanos garantizados por nuestra Carta Magna.

En las actuales circunstancias económicas, elevar los “precios” de la tutela judicial efectiva conlleva -claro está- que numerosas personas NO PUEDAN HACER FRENTE a una resolución que entienden incorrecta y que le es propiamente adversa y perjudicial, ya sea por un contenido económico o de derechos, y todo ello, al no alcanzar un mínimo económico para afrontar el pago de cincuenta euros, precio éste que no es indiferente a personas que cobran cualquier ayuda pública junto con los gastos diarios y de alimentación, es una medida, obviamente, muy gravosa para estas personas que quedan en una patente situación de INDEFENSIÓN respecto a otras que sí pueden permitírselo.

Llegará -como ésto siga, desgraciadamente, por este camino que no parece acabarse- una situación absurda por la que, para acceder a los juzgados y tribunales españoles de primera instancia, los ciudadanos deberán incluso arriesgar sus respectivos patrimonios y sustentos vitales tan sólo para luchar por una justicia plena.

Los abogados que no pertenecemos al turno de oficio sufrimos, también por ello, un agravio comparativo respecto a los abogados del turno sobre justicia gratuita en cuanto a la aplicación de estas tasas, ya que a “aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos” no se les impondrán tales medidas económicas, y también con el arreglo de que su pago será para financiar la justicia gratuita.

No estamos de acuerdo con esta intromisión patrimonial, y esperemos que -ante todo- se trate de una medida temporal y no permanente.

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